09 enero 2007

Evaluación de docentes: Minusvalía académica y moral

Leyendo el artículo "La evaluación a los maestros", publicado el domingo 31 de diciembre por el Dr. Luis Jaime Cisneros percibo que la idea medular de su texto es la importancia de evaluar a los profesores, toda vez que sólo con ello se estaría midiendo la calidad del saber que imparten los profesores a sus alumnos.

Hago mía la reflexión esgrimida en el artículo: "la evaluación es una actividad que está vinculada con cuanto pueda estar relacionado con la serenidad y la confianza…" En los centros educativos, sólo quien se haya preparado a conciencia estará en condiciones de someterse, sereno y confiado, a toda evaluación por más rigurosa que esta fuere; de otro lado, sí, debemos mantenernos a la expectativa por la inmensa mayoría de alumnos, que optan por la vida relajada ante toda actividad que supone estudio. Poco les interesa la vida académica (en este apartado cabría una pregunta: ¿cuál es la obligación de los padres de familia?). Si el evaluado fuera un adulto, como en este caso, mi impresión es que tal palabra provoca en esta gente sentimientos de temor e inseguridad; connota amenaza, provocación; lo dicen el tono, los gestos y las actitudes de los autoridades cuando se refieren a los profesores. ¿Provocaba el Gobierno al magisterio al imponer como fecha de evaluación el 20 de diciembre? Sí. Precisamente, para molestar, habría elegido como fecha de examen el día en que los profesores tienen que entregar sus actas al Director del plantel sin ninguna enmendadura por la finalización del año escolar.

En este contexto, creo que se justifica el temor y fastidio de los profesores, ya que para muchos de ellos este es el único trabajo con el cual mantienen a una esposa e hijos. Para ejemplificar el temor, le narraré un hecho. En 1996, por ejemplo, el Gobierno tiránico de Fujimori intervino algunas universidades del país, entre ellas, La Cantuta. Con temor, nos sometimos a evaluación y 196 docentes fuimos separados de la UNE sin derecho a reingresar en el magisterio* (?) por un lapso de cinco años. IDEVALI fue el instituto encargado de la evaluación y tenía como miembros a la Dra. Yolanda Cano Masías de Canales, los sicólogos sin título Nancy Beltrán y Luis Palomino y otros profesionales que no tenían nada que ver con educación. Con esta entidad fantasma, el ing. Vidal Bautista Carrasco firmó el contrato con IDEVALI a nombre de la Comisión Reorganizadora de la UNE, presidida por la Dra. Doraliza Tovar Torres y secundada por Ramos Geldres. El examen era un test sicológico; meses después llegó a nuestras manos y recién descubrimos que se trataba del Inventario de Temperamento de Guilford-Zimmerman. Respondiendo a nuestra consulta, el Colegio de Sicólogos dijo que tal prueba no medía la competencia académica sino la personalidad; algo más, nos informó que ninguno de los miembros de IDEVALI podía manipular el examen por cuanto no estaban autorizados por el Colegio de Sicólogos. Llevado el caso al Poder Judicial según expediente 311-97, el Juez Magallanes Aymar (Juez del Primer Juzgado Penal del Cono Este) y su secretaria Limaylla Escobar prescribieron el caso el año pasado. Esta injusticia serviría para que los profesores se pregunten sobre la calidad y experiencia del grupo evaluador listo para actuar en la coyuntura actual. ¿Serán profesores de aula? ¿Serán los mismos que hace pocos días han estafado al Congreso de la República evaluando áreas que no miden el conocimiento o eficiencia que tienen los servidores en el área especializada de su trabajo? ¿Hasta cuando la estafa de las pruebas psicotécnicas, de razonamiento verbal o matemático, que no tienen valor si no son el preámbulo de pruebas que midan el conocimiento en las áreas de especialidad del trabajador, sea docente o no? ¿De qué evaluadores hablamos? ¿Serían capaces de demostrar su sapiencia y pericia ante los alumnos de cualquier grado?

Reitero, un componente importante en la evaluación a los maestros debe consistir en demostraciones ante los alumnos a fin de que se vean las fallas que existen en el docente, tanto en el aspecto didáctico cuanto en el de conocimientos de especialidad (como en este último, especialidad, no hay cuadros capacitados, se quiere dorar la píldora con una evaluación que toque aspectos psicotécnicos y psicopedagógicos, lo cual significa que la estafa del estado continuará). Es indispensable saber cómo el evaluador motivará su clase cuando trasmita un conocimiento de calidad: ¿lo dictará?, ¿lo expondrá?, ¿qué hará? Muchos optamos por la docencia debido a un modelo en nuestra vida escolar. Según esto, de darse la evaluación el 8 de enero, no creo que sea seria por cuanto, entre otras deficiencias, no se avizora ninguna posibilidad de dar una clase modelo. De esto son conscientes los que gobiernan el país, pero siguen promoviendo el engaño.

A todas luces, la intención del Gobierno es destruir al SUTEP a como dé lugar, y en tal tarea se encuentran en plena actividad los medios de prensa mercenarios que usufructúan del poder a cualquier precio. No sé si valdría la pena analizar el papel sesgado y unilateral contra el magisterio al que interesadamente se prestan casi todos los medios de comunicación. Si bien es cierto que los periodistas tienen el derecho de orientar la información que brindan según su opinión o la de los dueños, también lo es que deben ser objetivos y exponer todos los factores que inciden en el problema (rendimiento académico actual de los maestros, abdicación de responsabilidades por parte del Ministerio de Educación, desnutrición crónica de la población que explica el daño irreversible ya producido en la capacidad intelectiva y atencional de los educandos, porcentaje del PBI dedicado a la educación, que es más bajo que el de todos nuestros vecinos y sólo "supera" a Haití, bajo poder adquisitivo que impide a maestros y alumnos comprar libros y computadoras, etc.). Pero no lo hacen, no presentan el cuadro completo de la situación, puesto que —como ocurre con el cliente al cual sirven, que es el actual gobierno— de ninguna manera les interesan los fines supremos de la educación. Total, según los dueños de los medios de comunicación, los maestros del SUTEP enseñan a los hijos del pueblo, no a los de la gente distinguida, que recurre a colegios privados bien organizados. Para los hijos del pueblo basta y sobra cualquier orientación que el gobierno quiera dar a la educación —¡cada gobierno y cada ministro ofrece y realiza "cambios"!—, aunque los resultados constituyan una estafa. Nuevamente, ¿cuál es el problema si los estafados son los hijos del pueblo? ¡Lo importante es que la estafa educativa no afecte a los hijos de los señorones que dirigen los destinos del país! ¡Qué lucha contra la exclusión ni ocho cuartos!, ¡que la indiada y los pobretones reciban lo que se les da y punto, no vaya a ser que después quieran el mismo nivel de calidad educativa de los colegios privados de la gente rica!

Nadie critica que el Ministerio de Educación supervisa en forma sorpresiva el dictado de clases que hacen los profesores; es decir, al término de la clase queda en la Dirección del plantel una copia de la evaluación con sus respectivas recomendaciones. Pero ¿no sería conveniente que el Ministerio de Educación echara mano a esos datos para los efectos del caso? Si la evaluación de los supervisores carece de importancia, ¿qué sentido tiene el hecho de que estos profesionales sigan realizando tal labor remunerada si la información que las supervisiones proporcionan se echan al tacho de basura? ¿Cómo se justifica ese gasto de supervisar y luego no tomar en cuenta sus resultados? El Ministerio de Educación debe exhibir siquiera parcialmente el resultado de cada una de las supervisiones; debe explicar si los alumnos y el país ganaron con la fusión antojadiza de los cursos Sicología, Filosofía, Historia y Geografía en el área de Ciencias Sociales; de igual modo, de la fusión de los cursos Física, Química y Biología en el área de Ciencias Naturales, decisiones tomadas por mediocres e inmorales tecnócratas sin previa coordinación con los profesores ni con las universidades que forman profesores en cada una de las materias antes aludidas. Debido a esas acciones inconsultas, si no se corrige a tiempo, las universidades se verán obligadas a otorgar títulos en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales para cubrir la demanda de profesores en cada una de estas especialidades, caprichosamente creadas por el Ministerio de Educación. ¿No debería haber siquiera una mínima coordinación entre el Ministerio de Educación y las facultades de Educación de las universidades? Además, esa coordinación tendría que hacerse seriamente. Tuve oportunidad de ver el cuestionario de Lengua Española que hace unos cinco años se aplicó en un concurso de plazas de escala nacional, y puedo decir que quienes prepararon esas preguntas son ignorantes absolutos de los conocimientos que debe poseer un profesor de Lengua; no tocaron nada de la casuística de la especialidad, que hubiera permitido determinar si el docente sabía o no lo que le corresponde saber. O sea que el factor engaño o estafa se da también con esos "sabios" catedráticos que preparan cuestionarios o preguntas sin ton ni son y que simplemente quieren ganarse unos soles llenando como sea algunos papeles.

Un hecho que también merece mucho análisis es que la prensa, que ha descendido a un 8% de aceptación, también exige evaluación a los profesores, olvidando que ella es la principal corruptora de las mentes y conciencias de los niños y jóvenes en edad escolar. Nos basta salir a las esquinas para encontrar primeras planas nauseabundas, saturadas de sexo, sangre y violencia, o titulares que hablan de todo menos del traidor entreguismo prochileno del gobierno aprista (venta de gas a Chile, permiso para que LAN siga usufructuando de los cielos peruanos, etc.); de igual modo, los canales de televisión aportan su dosis de deterioro moral e intelectual con su programación basura que consumen todos los días la mayoría de los niños y adolescentes de las zonas marginales de la capital. ¡Son una vergüenza esos programas con animadores(as) en vivo, sean de talk shows o de entretenimiento! En el extranjero pensarán que todos los peruanos somos una retahíla de retardados mentales. ¿Tienen autoridad moral para condenar a los maestros estos medios que corrompen la mente de los alumnos, quienes en un gran porcentaje se matriculan en el plantel por huir de sus hogares y no porque quieren asimilar conocimientos, sean o no de calidad?

Dudo de que el actual gobierno, caracterizado por el desdibujamiento de su imagen moral debido al incumplimiento de promesas electorales (renta básica de teléfonos, regalías mineras, etc.), quiera elevar el nivel académico de los alumnos en los colegios. Es más fácil y efectista presentar a la opinión pública la imagen de un gremio magisterial reacio a la evaluación que enfrentar los problemas de fondo como son: a) regular y controlar la calidad de la formación de profesores (coordinación entre el Min. de Educ. y universidades, previo cierre inmediato de todos los institutos pedagógicos); b) asignar el presupuesto necesario para que todas las escuelas tengan una infraestructura decente y que el salario del profesor sea como el de un ingeniero o por lo menos como el de un oficial de la fuerza armada (incluyendo los privilegios de jubilación, como asignación por gasolina, etc.); c) establecer programas intersectoriales que aseguren durante décadas la adecuada nutrición de nuestros niños hasta que tengan cinco años de edad (¿cómo podemos esperar que entiendan lo que leen y tengan un razonamiento normal niños con neuronas y sinapsis ya dañadas por la desnutrición?). Si se quiere mejorar la educación hay que enfrentar los problemas de fondo y poner a la educación como primera prioridad del estado, asignándole los recursos necesarios (¡obras son amores!), sólo así tendría sentido y provecho una evaluación de profesores. Además, hay que tocar el aspecto moral, se debe llegar a un sinceramiento tal, que el gobierno de turno declare sin temor —¡que no siga mintiendo!— su objetivo central de destruir al gremio de los profesores para destinar o colocar a los militantes apristas, tal como ocurrió en el último año del mandato anterior de Alan García.

Vaya mi voz de aliento a sus agremiados a no dejarse sorprender por este Gobierno que inconscientemente ha insultado a los profesores al ofrecerles S/. 30,00 a quien vaya a someterse a evaluación. La suma es la misma que recibió Judas por traicionar a su Maestro. ¡Qué manera de buscar traidores! No caigas en la tentación, maestro.

Como Ud., Dr. Luis Jaime Cisneros, creo que la corrección o la cirugía son las que se imponen y deben imponerse; pero ¿necesariamente el 8 de enero?, ¿por qué no en otra fecha prudencial?, ¿nuestros profesores no merecen una oportunidad?, ¿no cree que en lo sucesivo los profesores no se esforzarán un poco más?, ¿no cree que el Ministerio de Educación es la directamente responsable de esta crisis por no haber coordinado con las universidades y con el gremio de los profesores para elevar el nivel académico de éstos y de los estudiantes? De darse la evaluación, ¿cree que los futuros diseños curriculares del Ministerio de Educación serán diferentes sustancialmente de los emitidos año tras año? Doctor, me he dado el afán de leer la bibliografía de los diseños curriculares del Ministerio de Educación y en ninguno de ellos figura, por ejemplo, un libro suyo, Lengua y Enseñanza, texto de vital importancia para el área que hoy llaman "Comunicación".