16 febrero 2016

El voto evangélico

El voto de los evangélicos “suele ser un voto disciplinado que sigue la sugerencia de sus líderes” (en artículo “La lucha por el voto evangélico” en Hildebrandt en sus trece, N.o 277, Lima, viernes 27-11-2015).

Entre las diversas características de la sociedad considero primordial la posibilidad que tenemos de meditar sobre la libertad, la cual, a decir verdad, desde antaño devino ya en libertinaje. Entendida la libertad como la facultad humana de realizar una acción sin violentar las normas establecidas por el grupo, el libertinaje es la antítesis de ello: todo hacer llevado a cabo violando patrones de conducta y sin medir las consecuencias. El libertinaje alude al hacer del libertino, cuya meta es la satisfacción del placer desmedido.

Son tiempos, pues, de libertinaje.

La democracia también es una cualidad de la sociedad: literalmente significa el gobierno del pueblo. En el contexto peruano, el término democracia alude a la tradición cultivada por los gobiernos y el pueblo, de convocar a elecciones cada cinco años con fines de cambiar autoridades mediante el voto, de acuerdo a leyes y normas, impuestas por el Gobierno.

Mencionado esto, tengamos en cuenta que en el Perú los poderes económicos deciden el candidato que va a ganar en coordinación con los medios que constituyen arma eficaz para falsear realidades, espantando a votantes asustadizos con opiniones fuera de toda realidad, como aquello de que la Constitución de 1993 no debe tocarse para evitar la fuga de los inversores. Esconden la verdad de que la Carta Magna de 1993 fue pensada por gentes de mentalidad mafiosa, para capitalistas mafiosos.

Sobre los credos 
En toda sociedad existen credos religiosos y el grupo evangélico es uno de ellos; este difiere de sus pares por sus fundamentos doctrinales e ideológicos, que por ser conocidos no viene al caso detallar. De este colectivo de afiliación religiosa, interesa a los políticos nada más que el voto de sus miembros. Si los políticos quieren el voto de ellos, lo hacen asistiendo al servicio de mayor concurrencia: para las cámaras, cantan y “reverentes”, escuchan el sermón. Si numéricamente cada credo difiere del otro, por el incremento del número de creyentes en sus diversas denominaciones, el grupo evangélico ha adquirido bastante notoriedad, a tal punto de hacerse interesante en situaciones electorales.

El evangélico generalmente debe acudir a las urnas por la responsabilidad de cumplir con la ley. Y ahora que algunos líderes de la iglesia se encuentran inmersos en el quehacer político a partir de 1990, es probable que muchos evangélicos participemos de las elecciones con la mente puesta en el triunfo de nuestro líder y no en el cumplimiento de sus propuestas cuando “asuma” su función política.

El voto del mal menor
En el contexto actual, como muchos ciudadanos honestos, los evangélicos debemos votar por el político identificado como el mal menor, y nunca más por los candidatos del poder económico: basta ya de toda clase de anatemas que soporta el país desde 1985, cuando las puertas de Palacio y del Congreso fueron abiertas por toda laya de peritos en delitos y en el mal manejo de las arcas fiscales.
Para ello, los evangélicos debiéramos cultivar de modo imperativo la facultad de razonar a fin de que nuestro voto sea producto de la reflexión y el análisis. Me reafirmo en este parecer compartido por muchos y lo expreso por escrito buscando que mis hermanos en la fe también emitan su voto por quien proponga combatir la corrupción enquistada en lo más íntimo del hombre; evangélico o no, apoyar al líder que defienda su verdad con la solidez de sus argumentos; que no se deje manosear por el poder económico, menos influir por la prensa basura. Pienso que debemos apoyar al mal menor.
El evangélico tiene el deber de mantenerse informado sobre los acontecimientos políticos, también del plan de gobierno de los candidatos; debe buscar la manera de analizar la circunstancia política orientado por el propósito de decidir bien su voto.

Desechemos la idea de votar por fulano o mengano porque es pastor o porque es amigo; pero si cualquiera de ellos tuviere cualidades de líder, capaz de confrontar sus ideas con las de quienes controlan la economía, bien, a votar por él. El poder económico prefiere congresistas títeres, que levanten la mano por levantar, sin chistar, como ocurrió durante el fujimorismo.
Repensemos en la última palabra del verso bíblico “Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente”. Tengo la impresión de que el evangélico hace poco uso de su mente cuando tiene que elegir al presidente de la República o a los congresistas.

Caso Fujimori
El “amigo de los evangélicos”, Fujimori, es claro ejemplo de ser humano que hizo uso de la mente, pero para estafar a la iglesia evangélica y a los millones que creyeron en él: un amoral en toda la extensión de la palabra, un hombre sin escrúpulos; asumió el poder solo para amasar fortuna sin importar cómo, hasta con derramamiento de sangre. Quienes caímos en sus redes, por dignidad, debemos desertar ya del partido que hoy lo encarna: claro, desenmascarando primero a su candidata, cuyo objetivo principal no es repotenciar el desarrollo del país, sino, desde el Poder Ejecutivo, fabricar con el Poder Judicial la “inocencia” del malhechor y abrir las puertas del fundo Barbadillo para que el preso salga libre de polvo y paja.

En esta campaña electoral, ¿el pastor Humberto Lay prometería impulsar la investigación de las casi 300 mil mujeres del Ande que fueron esterilizadas contra su voluntad, cuando Keiko Fujimori era la Primera Dama de Alberto Fujimori?

Con acto de contrición
Como los millones de peruanos con moral y sangre en la cara, muchos de los evangélicos nos sentimos en deuda con el país por nuestro mayúsculo error de llevar a la casa de Pizarro al farsante que predicaba “honradez, tecnología y trabajo”. Lo hicimos creídos que todos los orientales eran gente honesta y trabajadora; también arrastrados por el terror de la campaña apocalíptica del APRA contra el candidato liberal, Mario Vargas Llosa. Muchos de los que celebramos con bullas y desenfreno la victoria del candidato de ascendencia japonesa, viviremos remordidos por impedir a nuestra mente aplicar en su oportunidad la capacidad de análisis a la campaña del APRA si Mario Vargas Llosa salía presidente electo del Perú.

En actitud contrita, quiero compartir con el lector solo algunas interrogantes si en el hipotético caso el candidato Mario Vargas Llosa hubiese salido airoso en las elecciones de 1990.

El intelectual en mención, durante su gestión ¿habría cerrado el Congreso de la República?, ¿habría ordenado a sus congresistas redactar una nueva Constitución con mente mafiosa para inversores mafiosos?, ¿habría comprado congresistas y también la prensa?, ¿habría pervertido la moral de los hombres que dirigen las instituciones públicas?, ¿habría corrompido el Poder Judicial, la policía, las Fuerzas Armadas?, ¿habría privatizado a precios de ganga las empresas del Estado?, ¿habría ordenado el huaqueo del oro artístico de los incas en Paititi para trasladarlo consigo a otro país?, ¿habría dado la orden de esterilizar a 300 mil mujeres y hombres del Ande?, ¿habría ordenado a los agentes del SIN torturar a Leonor La Rosa hasta dejarla parapléjica, descuartizar a Mariela Barreto, ejecutar a los estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación? Mario Vargas Llosa ¿habría ordenado torturar a la madre de sus hijos?, ¿habría huido a algún país con miles de millones de dólares, producto de la privatización?, ¿habría contratado los servicios de algún siquiatra para que haga llorar a las vírgenes?, ¿etc.?, ¿etc.?

Estas sean reflexiones válidas buscando que los hombres de bien se movilicen contra la candidata del reo: heredera del político de alma hedionda, quien hizo apestar moralmente hasta a los pastores-congresistas, quienes —llamados a ser la luz del mundo— prefirieron la vía del encubrimiento y el silencio (en enero de 1998 los fujimoristas ayudaron a fugar del Congreso al criminal Martin Rivas), en vez de denunciar la retahíla de latrocinios y crímenes del mandatario, llamado Alberto Kenya Fujimori Fujimori: hoy, su Primera Dama ya puso en marcha su tarea de engatusar a los pastores en busca del voto evangélico.

Preocupa el silencio de los políticos evangélicos, que no vierten opinión ni a favor ni en contra sobre temas de corrupción, como el precio de balón de gas (S/. 37,00 en vez de S/. 10,00 como en Bolivia y Ecuador), Ecoteva, narcoindultos, entrega a Chile del triángulo terrestre de Tacna, la cocaína en el avión presidencial de Fujimori; tampoco sobre los 100 kilos de cocaína descubiertos en la empresa del “Padre de la Patria”, Kenyi Fujimori. Hoy, para el beneplácito de la CONFIEP,  la hija de ese “ser humano” encabeza las preferencias del electorado. Con la argucia de sacar al país de la crisis, lo que en sí pretende es excarcelar al delincuente, mediante el Poder Judicial.

09 enero 2016

Universidades: crisis de legitimidad y ausencia de Sunedu

Se creía que a partir del 1 de enero, mediante la aplicación de la ley universitaria N.o 30220, iba a cambiar en las universidades la pésima situación de los estamentos donde imperan los rectores rebeldes.

Con anterioridad, la Sunedu, el Ministerio de Educación y Contraloría habían anticipado por todos los medios de comunicación las severas sanciones que caerían sobre las autoridades en caso no eligieran a sus sucesoras (rector, vicerrectores y decanos) hasta el 31 de diciembre, plazo de gracia otorgado por esta entidad rectora.

Indecisión de la SuneduIniciado ya 2016, las autoridades del ramo aún se limitan a solo invocar a las autoridades rebeldes a cumplir con lo establecido por la ley universitaria; de negarse —dicen—, la Sunedu coordinaría con el MEF para cortarles el presupuesto, etc.; y también invalidaría en grados y títulos toda firma del rector, vicerrector o secretario general que incumplan la ley. Pero además se insinúa que la ejecución de tales medidas correctivas perjudicaría más a quienes se encuentran tramitando sus grados y títulos; por ejemplo. Incluso, el presidente Humala se sumó al grupo de los imploradores: en el interior del país, frente a sus oyentes, hizo un llamado a los rectores rebeldes a acatar la ley para no perjudicar a los estudiantes, a la institución y a sí mismos.

Esta realidad permite especular, sin temor a equivocarnos, que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley —la Sunedu en este caso— creyeron que su retahíla de amenazas y ultimátums doblegaría a las autoridades que desafían la ley, doblegamiento que no ocurrió. Evidentemente eso demuestra que la Sunedu no hizo reconocimiento del campo donde imperaban sus retadores; da la impresión de que prestaron más atención a los chicheñó u otros agentes de la mafia que, en casos similares a este, recurren a los contactos con que cuentan y ejercitan su habilidad rastrera para confundir y persuadir a gente no apta para estas lides.

Creemos que las autoridades de la Sunedu son las que deben actuar con decisión para posibilitar el cambio, dejando atrás sus contradicciones, marchas y contramarchas, indecisiones, que solo favorecen la permanencia de los grupos continuistas, veteranos de mil batallas en la defensa de sus intereses corruptos. Más de un observador ha percibido la renuencia o temor de la Sunedu para tomar el toro por las astas, conducta timorata quizá explicable si sabemos que esas autoridades rebeldes con mucha facilidad llevan sus casos al Tribunal Constitucional y están en su elemento entablando y respondiendo demandas judiciales.

Y esto con mayor razón cuando sabemos que los grupos corruptos tuercen la información para presentarse ellos como defensores de la autonomía universitaria, lo cual crearía un clima político favorable para ellos. Creemos que por falta de contacto con la realidad social, cultural y política del Perú, quienes dirigen la Sunedu temen caer en un enfrentamiento que, al menos parcialmente, pueda desarrollarse en el plano político, lo cual es un temor infundado, puesto que en lo político el gasto ya lo han hecho los ministros de Educación y Economía y Finanzas, que exhortan públicamente a la Sunedu para que haga cumplir la ley universitaria.

La Sunedu debe entender que hay que romper huevos para freírlos

La Sunedu no entró en combate franco en el territorio en el cual la retaban; antes bien, desde la distancia, desde la tranquilidad de un escritorio, ha seguido los acontecimientos pero sin dejar sentir su autoridad ni ejercer su función tuitiva, que expresada oportunamente podía —y aún puede— dirigirse a las universidades en falta no con invocaciones genéricas para cumplir la ley —inútiles entre quienes no quieren acatarla— sino con lineamientos precisos y plazos claros y con requerimientos de información (planillas para ver profesores que tienen requisitos de ley). De esa manera nadie podría alegar ignorancia de la ley y otras normas, ni salir con interpretaciones antojadizas e interesadas de la ley o estatutos.

Hay que decirlo: la Sunedu está poniendo en riesgo la ejecución de la ley por sus marchas y contramarchas. Si unos diez rectores con sus grupitos se hubieran alzado contra la ley, hoy 8 de enero, las autoridades de la Sunedu ya habrían renunciado por voluntad propia para júbilo de los enemigos —corruptos de toda laya— de la ley universitaria.

Plazos y tiempos
Si las autoridades de la Sunedu subrayaron con la preposición hasta el plazo (31 de diciembre) que tenían los rectores rebeldes, llegado enero, la Sunedu, por estar ya en el tiempo suyo, solamente debió ejecutar lo previsto.

Bajo responsabilidad, la Sunedu debió requerir a las direcciones de las oficinas de personal de cada universidad para que escalafón remita la planilla de docentes a más tardar el 20 de diciembre a fin de que personal de la Sunedu vaya determinando en qué docentes recaería la función de integrar el comité electoral que convoque a elecciones universales para los cargos de rector, vicerrectores y decanos.

Cuanto ocurre en esta primera semana de enero es de lamentar por la inepcia de las autoridades de la Sunedu, cuya plana directiva tiene que entender que el tiempo de las autoridades universitarias, asamblea universitaria o llámese como quiera, acabó el 31 de diciembre. Después de esta fecha, toda encargatura hecha por los rectores rebeldes en la función de rector, vicerrectores, etc., carece de valor por extemporánea, aunque las personas seleccionadas cumplan los requisitos; de manera que toda resolución rectoral o de la instancia que lleve la firma de estas personas encargadas debe carecer de valor para la Sunedu.

Concluyendo, la Sunedu —si no lo ha hecho— debe revisar las nóminas enviadas por escalafón de cada universidad y designar a quien corresponda en los cargos de rector y vicerrector, con directivas claras que normen su actuación, pues debe tenerse en cuenta que en nuestra sociedad —y por ende en las universidades— existe el gran vicio de interpretar las leyes como mejor nos parece.
Por todo lo que viene ocurriendo, sabemos que fácilmente se transgreden leyes y estatutos en cualquier aspecto. Por ejemplo, en estos días en una de las triadas que alegaban gobernar la Universidad de San Marcos figuraba una persona con más de 70 años de edad, lo que va contra el artículo 84.o de la ley 30220 y demuestra que desde el mismo comienzo son capaces de viciar un proceso de regularización.

El día de hoy 8 se sabe que la Sunedu, abandonando sus indecisiones, ha reconocido a Antonia Castro como rectora en la Universidad de San Marcos, institución que nunca debió pasar por la amarga experiencia de una institución controlada por un  grupo continuista y corrupto que hacía de las suyas sin que la Sunedu reaccione oportuna y decisivamente.

Pero la Sunedu tiene más trabajo por delante, porque son varias más las universidades con autoridades reacias a respetar la ley. Esperemos que actúe de una manera más efectiva, más desinhibida, que sea más entradora (no más entrometida).

La Sunedu no debe dejar que la comunidad universitaria y la sociedad sigan perdiendo más tiempo al dejar que camarillas curtidas en el arte de torcer la legalidad hagan en las universidades lo que les viene en gana para satisfacer sus intereses de grupo y personales. Y para esto la Sunedu debe ejercer de manera hábil sus funciones, no reprimiendo sino informando y notificando oportunamente para que nadie interprete las leyes y estatutos como se le antoje.

Eso no es violación de la autonomía universitaria; es simplemente hacer lo que los rectores mafiosos se negaron a cumplir.